NOTA A LA DIRECTORA GENERAL DE ADUANAS SOLICITANDO REVISION A LA APLICACION DE CANAL ROJO A TODAS LAS DESTINACIONES DE EMPRESAS IMPUGNANTES

Como es sabido las aduanas diseñaron un sistema de control basado en la evaluación, relevamiento y selectividad del riesgo a través de exámenes a realizarse antes, durante y después del despacho. Sobre la base de los parámetros de riesgo, combinados con un sistema de selección "al azar", se comenzó a utilizar un control selectivo de mercadería. Según el nivel de riesgo elegido, a las mercaderías se les asigna por el sistema informático alguno de estos tres procedimientos: el canal verde (la mercadería es inmediatamente liberada sin revisión alguna), el canal naranja o amarillo (se verifica sólo la documentación) y el canal rojo (se procede a la verificación física de la mercadería y de los documentos).

La Organización Mundial de Aduanas (OMA) consideró que el examen debía realizarse sobre un 5% o un 2% de las mercaderías que ingresaran o egresaran, sistema que permitió lograr una mejor asignación de los recursos humanos, un aumento en la recaudación; detección de ilícitos; la reducción de la tardanza en liberar las mercaderías; menores costos operativos; un incentivo para que el sector privado cumpla con las leyes; una mayor cooperación entre los operadores y la aduana que permita afinar la evaluación de los riesgos.

A partir del mes de marzo del año en curso, la AFIP, a través de la División Control de la Dirección a su cargo, comenzó a aplicar de manera sistemática y generalizada, sistemas exhaustivos de control físico (canal rojo), a una significativa cantidad de destinaciones aduaneras.

Ante la grave preocupación que ello despertó en los sectores afectados por las demoras y sobrecostos que ese sistema implica cuando se aplica de manera sistemática, diversas empresas impugnaron las determinaciones tributarias realizadas por el servicio aduanero.

A pesar de ésto, los "canales rojos" continuaron generalizándose a todas las operaciones de los impugnantes, generando la reacción de las cámaras y asociaciones, que solicitaron el tratamiento del tema en el Consejo Consultivo Aduanero. La DGA dispuso su tratamiento en el ámbito del mencionado Consejo y fue tratado el tema en la reunión del pasado día 9 de abril, en la que la Aduana se comprometió a analizar la medida implementada.

Por todo lo expuesto la Cámara Argentina de Comercio, junto con otras entidades empresarias, presentaron una nota a la Señora Directora General de Aduanas, Dra. María Silvina Tirabassi, en donde destacan que la generalización del Canal Rojo reinstala todas las consecuencias negativas que la implantación del sistema de selectividad procuró eliminar, causando un daño cierto no solo a las empresas involucradas poniéndolas en desventaja competitiva frente a sus competidores a los cuales no se les aplica, sino también a los sectores productivos del país y a las cobranzas de divisas del exterior.

Si bien la asignación del "canal rojo" a determinadas operaciones se encuentra dentro de las facultades discrecionales del servicio aduanero; no es lo mismo su aplicación a la "totalidad" de las operaciones de determinadas empresas, ya que no está previsto en la legislación y su puesta en práctica requiere de un acto administrativo y no de acciones materiales realizadas por funcionarios cuyo cumplimiento compromete la responsabilidad de aquellos que la ponen en práctica sin respaldo legal.

Por otra partes es oportuno señalar que esta práctica se opone al esquema de control de riesgo edificado en el Marco Normativo para asegurar y facilitar el comercio global, definido por la Organización Mundial de Aduanas.

De allí es que el esquema implementado no sólo no se ajusta a los patrones mundiales de control y de determinación de perfiles de riesgo, sino que tampoco tiene un sustento normativo de orden interno. El modo en que se aplica el "canal rojo", de manera generalizada y discriminatoria, constituye una "vía de hecho" lo que contradice normas establecidas.

Por todo lo expuesto, se solicitó a la Dra. María Silvina Tirabassi, la pronta revisión del esquema implementado, dado que este tipo de prácticas afectan el derecho de defensa y compromete bases institucionales de nuestro país.

Esta nota fue suscripta por: Cámara Argentina de Comercio, Cámara de Importadores de la República Argentina, Instituto Argentino de Estudios Aduaneros, Federación de Cámaras de Comercio Exterior de la Rep. Arg., Colegio de Graduados de Comercio Internacional, Cámara de Exportadores de la Rep.Arg. y el Centro de Despachantes de la República Argentina.